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Golden Visa de la Unión Europea frente al fantasma de la corrupción

Los procesos de residencia y ciudadanía por inversión (RBI y CBI) se han convertido en una fuente de capital para los Estados miembros, así como en quebradero de cabeza: en los últimos tiempos, estos procesos han emergido como una vía para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.

La Unión Europea se encuentra en la encrucijada de las Golden Visa. Los regímenes de residencia y/o ciudadanía por inversión (RBI y CBI, respectivamente, por sus siglas en inglés) se han convertido en elementos de gran valor para las economías europeas, sobre todo en este contexto postpandemia. Dichos procesos han conseguido aportarle a muchos estados europeos el capital y la inversión del que adolecen hoy en día.

Según el «informe sobre la riqueza» de Knight Frank de 2018, el 34 % de los individuos con grandes patrimonios (HNWI, por sus siglas en inglés) ya tienen una segunda nacionalidad. Casi la mitad de los HNWI que no tienen un segundo pasaporte tienen previsto invertir para obtener uno. El mercado está en auge.

Sin embargo, los últimos años también han presenciado la aparición de varios escándalos en el seno de la UE de la mano de los programas RBI y CBI. Las golden visa se han utilizado en ocasiones como un caballo de Troya para el blanqueo de capitales y la corrupción procedente de estados extranjeros. Y, ante esta problemática, en la encrucijada de si más o menos golden visas, la Unión se ha puesto en guardia.

Para entender mejor el problema, nada como ir a su raíz: la legislación actual de los programas de CRI y RBI.

Los procesos de seguridad actuales: mejorables

Sobre el papel, se diría que la comunidad europea está blindada frente al caballo de Troya de la corrupción y el blanqueo de capitales a través de las golden visas. La comprobación de antecedentes penales está incluida en el marco jurídico que regula los regímenes CBI/RBI en la UE. Algunos exigen hasta una declaración jurada que demuestre buen carácter. Y no solo eso: los Estados miembros suelen exigir, más o menos explícitamente, que los solicitantes demuestren el origen de los fondos invertidos.

Pese a ello, sucede que la exactitud de los controles realizados es cuestionable. La comprobación de los antecedentes de los solicitantes, así como el control y la supervisión de los procedimientos de diligencia debida, siguen siendo complicados de llevar a cabo. Además, aunque dichos controles suelen ser realizados por organismos gubernamentales y el sector bancario, algunos países confían en el sector privado, que a veces opera en el extranjero, para realizar estas comprobaciones. Algo que no hace más que agravar la desconfianza. 

El caso de los regímenes fiscales especiales

Aunque es difícil cuantificar el número de personas que solicitan los regímenes CBI/RBI debido a una motivación fiscal, varios informes han subrayado que los incentivos fiscales que ofrecen los regímenes CBI/RBI son un factor importante que impulsa la demanda. 

El problema es que este tipo de regímenes fiscales especiales han sido señalados como arriesgados desde el punto de vista de la transparencia fiscal, así como vulnerables a la evasión de impuestos. En particular, ofrecen la posibilidad de eludir la presentación de informes en el marco de la norma común de información (CRS). 

Las formas en que los regímenes CBI/RBI pueden ser explotados para eludir el CRS han sido planteadas recientemente por la OCDE, que lanzó una consulta específica («Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS”) en febrero de 2018. La evaluación inicial de la OCDE fue que el riesgo de abuso de los esquemas CBI/RBI es particularmente alto…

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